Cinco preguntas sobre la financiación autonómica a JOAN SAURA, Consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya
¿Catalunya es de las comunidades más ricas, por qué se queja?
Catalunya continúa siendo de las comunidades más ricas, concretamente aportamos el 18,2% al del PIB del Estado y el 16% de la población. Pero nuestra economía debe hacer frente al cambio tecnológico y a las deslocalizaciones. La preparación de Catalunya para hacer frente a los retos de la economía globalizada tiene grandes deficiencias, especialmente por la falta de inversiones en infraestructuras y equipamientos, en I+D+i, y en educación. Catalunya debe realizar un cambio en la calidad del trabajo y el combate contra la pobreza son fundamentales.
Qué Catalunya sea un motor económico de España y la renta mediana de Catalunya esté en la franja alta no quiere decir que los ingresos que percibe sean suficientes para hacer frente a las necesidades sociales. Los últimos años hemos recibido un importante flujo de nueva población procedente de la inmigración, la más elevada de todo el Estado, 800.000 personas venidas de fuera, 150.000 nuevos llegados sólo el 2004, sin que los recursos sean suficientes para atender la nueva demanda sanitaria y escolar. En educación no universitaria Catalunya arrastra un déficit acumulado importante, los últimos años se ha dedicado a educación el 2,2% del PIB, por debajo de la media española, unos datos que el actual gobierno está corrigiendo. Sufrimos una tasa d’exclusión social y pobreza del 18,6%, y los servicios de atención a la infancia y a la gente mayor están poco desarrollados. La inversión del Estado en Catalunya, los años de Gobierno del PP estuvo por debajo de las necesidades, y el déficit fiscal medio de Catalunya con el Estado se sitúa en el 7,5% del PIB -muy por encima de los déficit de las regiones más ricas de Europa con sus respectivos Estados (3,5%-4%)- es un lastre para que Catalunya pueda realizar el cambio económico, social y tecnológico que necesita, y atender las necesidades de la ciudadanía.
¿La propuesta del Gobierno catalán es insolidaria?
No, de ninguna forma, ni es insolidaria ni se establecen límites a la solidaridad que no sea una deseable igualación de renta per capita que implica el desarrollo de las comunidades que ahora tienen una renta per capita más baja. La propuesta del gobierno catalán es justa porque parte del principio que el nivel de servicios que deben recibir los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado debe ser similar. Los ingresos de las comunidades autónomas que determinarán el nivel de servicios estarán determinados por el esfuerzo fiscal que realice. Y un mecanismo de nivelación por el cual las comunidades más ricas aportarán más, de forma proporcional, y las que se sitúen por debajo de la media recibirán también más recursos. En ningún caso la aplicación de este mecanismo puede penalizar a las comunidades que más aportan. La aplicación de la solidaridad no puede alterar la capacidad de gasto de las comunidades. Un principio federal, aplicado en Alemania, que garantiza que la solidaridad no es una penalización para las comunidades que más aportan, con el riesgo de desincentivar el esfuerzo fiscal tanto de las que aportan como de las que reciben.
Con el actual modelo la solidaridad que proclama la Constitución en el artículo 138 no se cumple. El actual sistema es opaco y discrecional, no hay un mecanismo de solidaridad establecido y conocido, de tal manera que los recursos de las comunidades que sistemáticamente más aportan, Madrid, Illes Baleras y Catalunya, no van a parar sólo a las más alejadas de la renta mediana, Andalucía y Extremadura sino también a comunidades por encima de la media como Castilla - León, Aragón, Navarra y el País Vasco.
¿Si Catalunya mejora su financiación quien perderá?
En términos absolutos no tiene que perder nadie, los ingresos por habitante de todas las comunidades autónomas se deben mantener e incrementar. Hace falta garantizar la suficiencia financiera para todo el mundo. Esto quiere decir que un proceso general de mejora del autogobierno de todas las CCAA, con más competencias comportará también más recursos para ejercerlas. Lo que si que es verdad es que Catalunya, y otras comunidades, incrementarán sus recursos y en términos porcentuales habrá una equiparación entre el peso real de Catalunya -esfuerzo fiscal, PIB, población- y sus ingresos. Por otra parte la aplicación del nuevo sistema debe ser gradual, con unos años d’adaptación.
¿Si el modelo catalán se generaliza que le quedará al Estado como factor de cohesión territorial?
El sistema propuesto por el Gobierno es federal, no es confederal ni es el concierto. Es un modelo similar al Alemán o al Canadiense. Dos estados de los cuales no se puede decir precisamente que estén a punto de desaparecer. La Generalitat también es Estado y por lo tanto la función de l’Agencia Tributaria de Catalunya también es un instrumento del Estado, que realiza funciones de forma consorciada o coordinada con el gobierno central. L’Administración General de l ’Estado participará en un porcentaje no superior al 50% de la recaudación de los impuestos cedidos parcialmente. La capacidad normativa y la responsabilidad fiscal que debe tener la Generalitat sobre todos los impuestos que s’apliquen en Catalunya se hará, según dice literalmente la propuesta del Gobierno, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Cortes Generales y a las instituciones europeas.
Con este modelo las comunidades ganarán en autonomía financiera, por lo tanto tendrán que asumir sus responsabilidades ante la ciudadanía. El viejo modelo de unas administraciones que recaudan e imponen la política fiscal y otras que prestan los servicios y gastan no es bueno para nadie, tampoco para el Gobierno central.
¿El Gobierno catalán quiere imponer su modelo al resto de forma unilateral?
No, el gobierno propone un modelo que es asumible por las Comunidades Autónomas que lo deseen. En el Estatuto del 79 también hay un título de financiación, acordado bilateralmente con el Estado. Pero sin duda la financiación también tiene una dimensión multilateral y después de acordarse entre Catalunya y el Estado se debe situar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dónde están todas las CCAA y en el Congreso con respecto a la modificación de la LOFCA. No siempre todas las CCAA del régimen común han aceptado la misma financiación: Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura rechazaron el sistema de financiación surgida del acuerdo entre CIU y el PP.
Y por acabar, en relación a la afirmación tan repetida estos días de que son las personas las que pagan impuestos y no los territorios, la respuesta es bien sencilla, no puede ser que sean los territorios los que prestan servicios de todo tipo, pues tienen las competencias, que reciben inversiones del Estado o fondos europeos, y en cambio el autogobierno tenga un papel menor en el ámbito fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de Vega, reconoce que Catalunya es solidaria y que deberá continuar siéndolo. Seguro, pero con unos principios claros y sin olvidar las necesidades de las personas que viven y trabajan en Catalunya.
Catalunya continúa siendo de las comunidades más ricas, concretamente aportamos el 18,2% al del PIB del Estado y el 16% de la población. Pero nuestra economía debe hacer frente al cambio tecnológico y a las deslocalizaciones. La preparación de Catalunya para hacer frente a los retos de la economía globalizada tiene grandes deficiencias, especialmente por la falta de inversiones en infraestructuras y equipamientos, en I+D+i, y en educación. Catalunya debe realizar un cambio en la calidad del trabajo y el combate contra la pobreza son fundamentales.
Qué Catalunya sea un motor económico de España y la renta mediana de Catalunya esté en la franja alta no quiere decir que los ingresos que percibe sean suficientes para hacer frente a las necesidades sociales. Los últimos años hemos recibido un importante flujo de nueva población procedente de la inmigración, la más elevada de todo el Estado, 800.000 personas venidas de fuera, 150.000 nuevos llegados sólo el 2004, sin que los recursos sean suficientes para atender la nueva demanda sanitaria y escolar. En educación no universitaria Catalunya arrastra un déficit acumulado importante, los últimos años se ha dedicado a educación el 2,2% del PIB, por debajo de la media española, unos datos que el actual gobierno está corrigiendo. Sufrimos una tasa d’exclusión social y pobreza del 18,6%, y los servicios de atención a la infancia y a la gente mayor están poco desarrollados. La inversión del Estado en Catalunya, los años de Gobierno del PP estuvo por debajo de las necesidades, y el déficit fiscal medio de Catalunya con el Estado se sitúa en el 7,5% del PIB -muy por encima de los déficit de las regiones más ricas de Europa con sus respectivos Estados (3,5%-4%)- es un lastre para que Catalunya pueda realizar el cambio económico, social y tecnológico que necesita, y atender las necesidades de la ciudadanía.
¿La propuesta del Gobierno catalán es insolidaria?
No, de ninguna forma, ni es insolidaria ni se establecen límites a la solidaridad que no sea una deseable igualación de renta per capita que implica el desarrollo de las comunidades que ahora tienen una renta per capita más baja. La propuesta del gobierno catalán es justa porque parte del principio que el nivel de servicios que deben recibir los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado debe ser similar. Los ingresos de las comunidades autónomas que determinarán el nivel de servicios estarán determinados por el esfuerzo fiscal que realice. Y un mecanismo de nivelación por el cual las comunidades más ricas aportarán más, de forma proporcional, y las que se sitúen por debajo de la media recibirán también más recursos. En ningún caso la aplicación de este mecanismo puede penalizar a las comunidades que más aportan. La aplicación de la solidaridad no puede alterar la capacidad de gasto de las comunidades. Un principio federal, aplicado en Alemania, que garantiza que la solidaridad no es una penalización para las comunidades que más aportan, con el riesgo de desincentivar el esfuerzo fiscal tanto de las que aportan como de las que reciben.
Con el actual modelo la solidaridad que proclama la Constitución en el artículo 138 no se cumple. El actual sistema es opaco y discrecional, no hay un mecanismo de solidaridad establecido y conocido, de tal manera que los recursos de las comunidades que sistemáticamente más aportan, Madrid, Illes Baleras y Catalunya, no van a parar sólo a las más alejadas de la renta mediana, Andalucía y Extremadura sino también a comunidades por encima de la media como Castilla - León, Aragón, Navarra y el País Vasco.
¿Si Catalunya mejora su financiación quien perderá?
En términos absolutos no tiene que perder nadie, los ingresos por habitante de todas las comunidades autónomas se deben mantener e incrementar. Hace falta garantizar la suficiencia financiera para todo el mundo. Esto quiere decir que un proceso general de mejora del autogobierno de todas las CCAA, con más competencias comportará también más recursos para ejercerlas. Lo que si que es verdad es que Catalunya, y otras comunidades, incrementarán sus recursos y en términos porcentuales habrá una equiparación entre el peso real de Catalunya -esfuerzo fiscal, PIB, población- y sus ingresos. Por otra parte la aplicación del nuevo sistema debe ser gradual, con unos años d’adaptación.
¿Si el modelo catalán se generaliza que le quedará al Estado como factor de cohesión territorial?
El sistema propuesto por el Gobierno es federal, no es confederal ni es el concierto. Es un modelo similar al Alemán o al Canadiense. Dos estados de los cuales no se puede decir precisamente que estén a punto de desaparecer. La Generalitat también es Estado y por lo tanto la función de l’Agencia Tributaria de Catalunya también es un instrumento del Estado, que realiza funciones de forma consorciada o coordinada con el gobierno central. L’Administración General de l ’Estado participará en un porcentaje no superior al 50% de la recaudación de los impuestos cedidos parcialmente. La capacidad normativa y la responsabilidad fiscal que debe tener la Generalitat sobre todos los impuestos que s’apliquen en Catalunya se hará, según dice literalmente la propuesta del Gobierno, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Cortes Generales y a las instituciones europeas.
Con este modelo las comunidades ganarán en autonomía financiera, por lo tanto tendrán que asumir sus responsabilidades ante la ciudadanía. El viejo modelo de unas administraciones que recaudan e imponen la política fiscal y otras que prestan los servicios y gastan no es bueno para nadie, tampoco para el Gobierno central.
¿El Gobierno catalán quiere imponer su modelo al resto de forma unilateral?
No, el gobierno propone un modelo que es asumible por las Comunidades Autónomas que lo deseen. En el Estatuto del 79 también hay un título de financiación, acordado bilateralmente con el Estado. Pero sin duda la financiación también tiene una dimensión multilateral y después de acordarse entre Catalunya y el Estado se debe situar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dónde están todas las CCAA y en el Congreso con respecto a la modificación de la LOFCA. No siempre todas las CCAA del régimen común han aceptado la misma financiación: Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura rechazaron el sistema de financiación surgida del acuerdo entre CIU y el PP.
Y por acabar, en relación a la afirmación tan repetida estos días de que son las personas las que pagan impuestos y no los territorios, la respuesta es bien sencilla, no puede ser que sean los territorios los que prestan servicios de todo tipo, pues tienen las competencias, que reciben inversiones del Estado o fondos europeos, y en cambio el autogobierno tenga un papel menor en el ámbito fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de Vega, reconoce que Catalunya es solidaria y que deberá continuar siéndolo. Seguro, pero con unos principios claros y sin olvidar las necesidades de las personas que viven y trabajan en Catalunya.
posted by promotora de somnis @ 23:04
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